La ordenanza de la intolerancia

No puedo ocultar la “sonrisilla” cuando escucho al concejal de Medio Ambiente decir que ha habido “trabajo de preparación” en la Ordenanza Municipal para Proteger los Espacios Públicos y la Convivencia Ciudadana. Arduo trabajo con el ordenador copiando un artículo tras otro de otras normativas, aunque más bien de una sola, cambiando tan sólo el nombre de la ciudad.

El Sr. Mariscal puede decir lo que quiera pero lo que han presentado es una ordenanza “tipo” (cualquiera puede consultarlo en Internet) que en absoluto ha tenido en cuenta las peculiaridades de nuestra ciudad ni el estilo de vida de sus habitantes porque ha sido “copiada”, aunque hasta cierto punto es lógico si tenemos en cuenta el escaso tiempo que le deja para el Ayuntamiento su puesto en la Diputación.

Las contradicciones abanderan esta ordenanza, especialmente en los que al consumo de bebidas en la calle se refiere. Si bien Ángel Mariscal ha declarado que no se va a prohibir el botellón, por otra parte asegura no se dejará hacer “en plazas o junto a viviendas”. Entonces, ¿qué va a ocurrir?, ¿dónde van a tener que ir los jóvenes?, ¿quiere usted decir que no se va prohibir el botellón en los descampados? ACLÁRESE, SR. MARISCAL porque los jóvenes de Cuenca queremos respuestas.

Con las medidas que quiere poner en marcha el PP en Cuenca, no se hace otra cosa que coartar el ocio de los jóvenes y de los ciudadanos en general. Sin embargo, no hace mucho tiempo, los que ahora quieren prohibir el hecho de beber en la calle, estaban sentados en el Casco Antiguo, por la zona de San Miguel, con una litrona de cerveza en la mano y comiendo pipas. Hagamos memoria y no seamos hipócritas, que todos han sido jóvenes.

Desde Juventudes Socialistas hemos propuesto una solución dialogante y participativa: la constitución de una Mesa del Botellón en la que todas las partes implicadas puedan expresar su opinión y llegar a un acuerdo. Pero el concejal de Medio Ambiente ni la mencionada. No nos extraña, ya que esa es la forma de gobernar del Partido Popular: vendiendo la cercanía en la foto pero tomando decisiones unilateralmente y negando la verdadera participación ciudadana.
Dice el Señor Mariscal que Juventudes Socialistas se ha quedado sola en esta petición, obviando con sus palabras a los jóvenes de Izquierda Unida, que también se han manifestado en contra de la Ordenanza.

Y es que es más fácil hacer oídos sordos a lo que opinan los ciudadanos y actuar en solitario, proponiendo una Ordenanza puramente sancionadora y con un claro espíritu recaudatorio que debería pasar a llamarse “la ordenanza de la intolerancia”. Así lo entendemos quienes creemos en un modelo de ciudad en el que se oigan todas las ideas y propuestas.

Además, el texto no ofrece ninguna alternativa. Por ejemplo, cuestiones como la suciedad o la salubridad se podrían solucionar con la instalación de urinarios públicos o de un mayor número de papeleras, concienciando realmente a la gente en el cuidado de Cuenca, pero es más fácil establecer multas y, de paso, recaudar algo para reponer las arcas municipales.

Al equipo de Pulido se le ha llenado la boca de decir que ésta no es una ordenanza recaudatoria pero si la leemos detenidamente, desde el primer artículo hasta el último conllevan para sanción, siendo testimonial lo que dice sobre la educación y la sensibilización de los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los afectados por la ordenanza.

Alternativas

Juventudes Socialista de Cuenca ha propuesto que se constituya la “Mesa del botellón” para buscar soluciones alternativas a la prohibición de esta manifestación del ocio juvenil.
Según el secretario general de la Agrupación Local de Juventudes Socialistas de Cuenca, Andrés Vieco, el objetivo de esta mesa es que “jóvenes, empresarios, vecinos, representantes municipales y todos aquellos que tengan algo que decir se reúnan y lleguen a un consenso antes de prohibir y perseguir el botellón”.
Vieco, que presentó algunas de las propuestas que Juventudes de Cuenca va a hacer al borrador de la Ordenanza para la protección de los espacios públicos y la convivencia que ha propuesto el Partido Popular, considera que esta norma “criminaliza a los jóvenes y manifiesta una doble moral ante el alcohol porque persigue el consumo en la calle pero defiende el que tiene lugar en las terrazas de los bares”.
Asimismo, defendió que Juventudes Socialistas comprende que el Ayuntamiento tiene que garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, pero lamentó que pretenda hacerlo “persiguiendo a los jóvenes y dejándoles sin alternativas de ocio”.
El portavoz de Juventudes criticó el “afán recaudatorio” de la Ordenanza y consideró “exagerado” el importe de algunas sanciones, como las pintadas, que pueden conllevar multas de 750 a 3.000 euros, o el paso de bicicletas o patines fuera de las zonas autorizadas, castigado con sanciones de 350 a 1.500 euros.
En este sentido, Vieco afirmó que la ordenanza “de la intolerancia”, como ha renombrado el texto Juventudes Socialista, “se limita a restringir y sancionar sin dar alternativas”. Por eso, propuso al Ayuntamiento que se habiliten ‘muros en blanco’ para que los jóvenes aficionados al graffiti puedan dar rienda suelta a su creatividad y se amplíen los espacios dedicados a la práctica deportiva con patines, monopatines y bicicletas.
El secretario general de la Agrupación Local de Juventudes Socialistas de Cuenca también criticó que la Ordenanza sea un “texto tipo” que está siendo presentado en otros ayuntamientos de la región, como el de Guadalajara, y que por tanto no ha tenido en cuenta las peculiaridades de una ciudad como Cuenca.
Igualmente, consideró que la propuesta del Ayuntamiento de Cuenca “invade el ámbito doméstico de los ciudadanos” y vio “absurdo” que la Ordenanza para proteger los espacios públicos y la convivencia establezca un horario para pasear al perro, regar las plantas o cantar”.
“Estos asuntos deberían depender del sentido común de las personas o, en todo caso, prevenirse mediante campaña de educación y sensibilización de los ciudadanos”, declaró.
Por otra parte, pidió que se den a conocer los medios materiales y humanos que se pondrán a disposición para hacer cumplir la norma y confió en que el aumento de la presencia policial prevista no derive en que los ciudadanos se sientan controlados en exceso por la autoridad.
Finalmente, consideró “inapropiado” el sistema de participación articulado por el equipo de Gobierno del Partido Popular para recoger aportaciones ciudadanas a la ordenanza, ya que “se ha hecho a posteriori, durante un plazo indeterminado durante el periodo vacacional y exclusivamente a través de Internet, por lo que las personas que no tengan acceso a la Red no podrán tomar parte”.

El ejército eliminará las bombas de racimo de sus arsenales

EL PLURAL / EFE

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado que el Gobierno equipará al Ejército con municiones que, sin mermar su capacidad operativa, carezcan de los "desastrosos" efectos para la población civil de las bombas de racimo y ha asegurado que compensará a sus fabricantes tras su prohibición. Chacón ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el proceso de eliminación y prohibición de este tipo de bombas, en cumplimiento del convenio que más de un centenar de países acordó en Dublín el pasado 30 de mayo.

Defensa calcula que destruir las 5.589 municiones de racimo que hay en España costará unos cuatro millones de euros, pero además el Ministerio de Asuntos Exteriores va a destinar otros 4,4 millones para asistir a las víctimas de artefactos explosivos, ha señalado la ministra.

Sistemas más seguros
Carme Chacón ha garantizado que su supresión "no supone ni supondrá una merma de la capacidad militar que ofrecía este tipo de munición" y para ello, Defensa buscará "otros sistemas o productos que cumplan los efectos de la munición ahora prohibida pero sin las desastrosas consecuencias que tiene sobre la población civil". Se trata de adquirir "nuevas municiones guiadas" que satisfagan las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Antes del 3 de diciembre
De momento, el secretario de Estado de Defensa firmará antes de que acabe julio una directiva para suspender de forma inmediata su uso operativo o en maniobras y el proceso técnico de destrucción comenzará en cuanto se formalice el contrato con la empresa encargada de esta tarea. Defensa confía en haber destruido al menos cien municiones de racimo antes de la firma del convenio internacional, prevista en Oslo el próximo 3 de diciembre y completar la destrucción de los arsenales en el primer semestre de 2010.

Empresas afectadas
Como algunos portavoces se han interesado por los efectos que tendrá la prohibición de las bombas de racimo para las empresas españolas de armamento, la ministra ha asegurado que se está trabajando con ellas para que puedan mantener su carga de trabajo, teniendo en cuenta que no es el único tipo de producto que fabrican. En particular, ha citado a la firma Instalaza como la más afectada, y a la que se está explicando el plan de compensación.

Ética militar
Chacón ha aprovechado para anunciar que antes de acabar el año las nuevas Reales Ordenanzas incluirán un capítulo dedicado a la "ética" en las operaciones militares. Los militares tendrán la "obligación" de conocer y difundir los convenios internacionales ratificados por España, en especial, los relativos a la protección de civiles y prohibición de ciertas armas. Según la ministra, de lo que se trata es de "convertir en obligación legal y moral la tradición de respeto a la población civil" que siempre ha caracterizado a las tropas españolas.

Satisfacción general
Todos los grupos parlamentarios se han felicitado por la erradicación de las bombas racimo, aunque han puesto en duda que España haya sido pionera en adoptar esta medida. La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, ha calificado el hecho de "acontecimiento histórico", pero ha advertido al Ejecutivo de que pasado de ser "remiso" a intentar ser "pionero" en la materia y ha hecho notar que la ministra eludió el asunto en su reciente comparecencia parlamentaria para explicar la política de Defensa.
En nombre de CiU, Jordi Xuclá ha asegurado que su federación ha trabajado durante años para que finalmente la medida se llevara a cabo y ha recordado que en la pasada legislatura el Gobierno no mostró su disposición para acabar con este tipo de armamento.

Más reacciones
Desde el PNV, José Ramón Beloki, ha dicho que la supresión ha de hacerse "con modestia" porque además del Ejecutivo, muchas ONG han trabajado para conseguir la moratoria y ha pedido a la ministra que informe detalladamente al Parlamento del plan de eliminación de estas armas. Por ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares ha advertido de que la satisfacción por la decisión del Gobierno no debe hacerle caer en el "autobombo" porque hay países que adoptaron la misma medida hace años y fuerzas como IU que ya lo pidieron en el Congreso. El portavoz del PSOE, Jesús Cuadrado, ha subrayado la trascendencia de esta decisión del Gobierno, que le sitúa en el grupo de países que ha liderado la aplicación de la Convención de Dublín.